Fenacore rechaza que los informes de la Guardería Fluvial puedan tener valor de “documento público”
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) rechaza la intención del Gobierno actual de conferir la calificación de “documento público” a los actos de inspección y denuncia realizados por miembros de la guardería fluvial. Esta medida se enmarca dentro del paquete de modificaciones de la Ley de Aguas que el Pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) aprobó el pasado mes de febrero y que deberán ser debatidas en el Parlamento en las próximas semanas.
Fenacore considera que los guardas son personal laboral y, por tanto, no están investidos de la "autoridad" necesaria para emitir unos documentos que tienen "fuerza probatoria total", es decir, hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documentan, así como de la fecha en que se produce esta documentación y de las personas que intervienen.
En este sentido, la Federación estima que estos documentos pueden ser un "instrumento peligroso" en manos de los Guardas de Confederaciones Hidrográficas, ya que carecen de la representatividad numérica, formación y medios necesarios para realizar esta importante tarea. En su opinión, los actos que reflejan estos documentos deben estar debidamente justificados para gozar de valor probatorio y evitar indefensiones.
En este sentido, la Federación Nacional de Regantes considera que la aprobación de esta medida, dentro del paquete global de modificaciones de la Ley de Aguas, crearía una situación de "total indefensión jurídica" para los regantes de toda España, dejándoles sin argumentación alguna ante los tribunales. Según el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, "los agricultores pueden quedar en la más absoluta indefensión ante los tribunales, sometidos a la libre interpretación de los Comisarios de Aguas que cambian frecuentemente de criterios en sus expedientes sancionadores".
Asimismo, FENACORE estima "innecesario" y "costoso" la creación de un nuevo cuerpo de agentes medioambientales, dada la existencia actualmente de la Guardería Fluvial, el SEPRONA y los guardas con competencias en Medio Ambiente de las distintas comunidades autónomas.
El pasado mes de febrero el Pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) aprobó las modificaciones de la Ley de Aguas, con el voto a favor de la Administración, los grupos ecologistas y los representantes de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, pero con el voto en contra de los representantes de todos los usuarios de las cuencas hidrográficas, los regantes y las organizaciones agrarias. En aquel momento, Fenacore formuló un voto particular negativo en el que dejó constancia por escrito de "discrepancias importantes" con algunas de las modificaciones planteadas en este informe, que deberá ser discutido por el Parlamento en las próximas semanas.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) rechaza la intención del Gobierno actual de conferir la calificación de “documento público” a los actos de inspección y denuncia realizados por miembros de la guardería fluvial. Esta medida se enmarca dentro del paquete de modificaciones de la Ley de Aguas que el Pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) aprobó el pasado mes de febrero y que deberán ser debatidas en el Parlamento en las próximas semanas.
Fenacore considera que los guardas son personal laboral y, por tanto, no están investidos de la "autoridad" necesaria para emitir unos documentos que tienen "fuerza probatoria total", es decir, hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documentan, así como de la fecha en que se produce esta documentación y de las personas que intervienen.
En este sentido, la Federación estima que estos documentos pueden ser un "instrumento peligroso" en manos de los Guardas de Confederaciones Hidrográficas, ya que carecen de la representatividad numérica, formación y medios necesarios para realizar esta importante tarea. En su opinión, los actos que reflejan estos documentos deben estar debidamente justificados para gozar de valor probatorio y evitar indefensiones.
En este sentido, la Federación Nacional de Regantes considera que la aprobación de esta medida, dentro del paquete global de modificaciones de la Ley de Aguas, crearía una situación de "total indefensión jurídica" para los regantes de toda España, dejándoles sin argumentación alguna ante los tribunales. Según el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, "los agricultores pueden quedar en la más absoluta indefensión ante los tribunales, sometidos a la libre interpretación de los Comisarios de Aguas que cambian frecuentemente de criterios en sus expedientes sancionadores".
Asimismo, FENACORE estima "innecesario" y "costoso" la creación de un nuevo cuerpo de agentes medioambientales, dada la existencia actualmente de la Guardería Fluvial, el SEPRONA y los guardas con competencias en Medio Ambiente de las distintas comunidades autónomas.
El pasado mes de febrero el Pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) aprobó las modificaciones de la Ley de Aguas, con el voto a favor de la Administración, los grupos ecologistas y los representantes de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, pero con el voto en contra de los representantes de todos los usuarios de las cuencas hidrográficas, los regantes y las organizaciones agrarias. En aquel momento, Fenacore formuló un voto particular negativo en el que dejó constancia por escrito de "discrepancias importantes" con algunas de las modificaciones planteadas en este informe, que deberá ser discutido por el Parlamento en las próximas semanas.
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